Una nota publicada por La Prensa Gráfica señaló que: “Según las memorias de labores que los ministerios entregaron a la Asamblea: entre junio de 2024 y mayo de 2025 usaron $310 millones en compras públicas con normativas diferentes a la ley que regula el tema”.
Es decir ,que de cada tres compras hechas por el Gobierno de El Salvador entre junio de 2024 y mayo de 2025, una se hizo sin someterse a los controles que establece la Ley de Compras Públicas (LCP) para garantizar que estas cumplan con principios de transparencia, libre competencia, publicidad, y otros; según las cifras que los ministerios registraron en las memorias de labores que entregaron a la Asamblea Legislativa, en junio pasado.
Es de recordar que la Ley fue cambiada en el año 2023 para reemplazar a la anterior Ley de Adquisiciones y Compras de la Administración Públicas (LACAP), bajo el “argumento” de que se necesitaba actualizar la normativa, incluir nuevos mecanismos de adquisición y fortalecer principios de transparencia, eficiencia en el gasto, entre otros.
Pese a la aprobación de la nueva Ley de Compras Públicas, el gobierno no ha parado la aprobación de decretos que crean mecanismos con requisitos más flexibles para realizar compras, argumentando que necesita agilizar procesos.
Dado lo anterior, los $310 millones utilizados por ministerios para compras fuera de la LCP no pueden ser considerados como compras ilegales, pero expertos en la materia sí consideran que corren el riesgo de ser arbitrarias o esconder vicios de corrupción.
De los $310.6 millones gastados sin seguir la LCP, hay un monto de $210.5 millones que se gastaron con un mecanismo definido simplemente como “otro”, sin especificar de cuál se trata. Esos $210.5 millones fueron gastados por los ministerios de Obras Públicas ($122.7 millones) y Seguridad ($87.8 millones).
“La Ley de Acceso a la Información Pública es clara: toda contratación estatal debe ser pública y verificable. Cuando una institución clasifica cientos de millones de dólares bajo el rubro ‘otros’, sin justificación ni detalle, no solo incumple la ley, sino que profundiza la desconfianza”, explicó Jonathan Sisco, integrante del equipo de investigación anticorrupción de la fundación Cristosal, sobre dichas compras.
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