Nota publicada por EDH.
Los 252 venezolanos que estuvieron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), entre marzo y julio de este año, presuntamente, sufrieron tortura sistemática, violencia sexual, desapariciones forzadas, detención arbitraria y condiciones inhumanas de encierro, revela una investigación difundida el miércoles 12 de noviembre por Human Rights Watch (HRW) y Cristosal, entidades que velan por los derechos humanos de las personas.
El documento es, según aseguran, la publicación más completa hasta la fecha del maltrato al que estuvieron sometidas estas personas mientras estuvieron detenidas en El Salvador.
En su momento, el gobierno de El Salvador y Estados Unidos señalaron que al menos 137 venezolanos pertenecían a la banda criminal denominada Tren de Aragua, que ha sido designada, por el país norteamericano, como organización terrorista extranjera.
HRW documentó «al menos tres casos de violencia sexual por parte de los guardias contra los migrantes venezolanos» así como «abusos verbales y psicológicos muy graves».
Los investigadores revisaron fotografías de lesiones, bases de datos de antecedentes penales, documentos relacionados con el estado migratorio de estas personas en Estados Unidos y datos publicados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) sobre sus deportaciones.
Además hubo una verificación de información por parte de la Universidad de California Berkeley.
La directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus Estrada, señaló a El Diario de Hoy que la investigación está siendo compartida con todas las cancillerías de la región.
Adicionalmente que están colaborando con litigantes en EE.UU. para que esta evidencia sea incorporada en varios de los procesos.
Mientras que calificó al gobierno salvadoreño de ser “responsable directo de las torturas, ejecuciones extrajudiciales y malos tratos cometidos por guardias y unidades antidisturbios del sistema penitenciario”.
Lo anterior por presuntas golpizas diarias y castigos por infracciones menores, violencia sexual en al menos tres casos detallados, negación de comida, atención médica y condiciones higiénicas.
Las infracciones menores iban desde hablar en voz alta, ducharse en el momento equivocado y solicitar asistencia médica.
“Human Rights Watch y Cristosal descubrieron que aproximadamente la mitad de los venezolanos enviados al CECOT no tenían antecedentes penales, y solo el 3 por ciento había sido condenado en Estados Unidos por un delito violento o potencialmente violento. Verificaciones de antecedentes adicionales mostraron que muchos no habían sido condenados por delitos en Venezuela u otros países latinoamericanos donde habían vivido”, reporta otra parte de la investigación.z
La investigación de HRW y Cristosal consignan que en al menos 19 casos, los detenidos en el CECOT o sus familiares afirmaron que huyeron de Venezuela para escapar de amenazas, abusos o persecución de las fuerzas de seguridad del Estado, así como amenazas de grupos armados y criminales, incluyendo el Tren de Aragua.
El Salvador cobró $4.7 millones por recibir a venezolanos en el CECOT
En septiembre pasado, el medio español El País confirmó las condiciones del acuerdo entre Estados Unidos (EE.UU.) y El Salvador para el envío de hasta 300 migrantes, mayoritariamente venezolanos, al CECOT. Estados Unidos acordó pagar $4.7 millones a El Salvador como parte del convenio, según la documentación, pero puso restricciones sobre el uso del dinero.
En marzo pasado, Estados Unidos deportó a 252 venezolanos a la megacárcel salvadoreña. La administración de Donald Trump pretendía que los migrantes permanecieran al menos un año en el CECOT, según el acuerdo difundido a principios de septiembre, en el marco de un litigio promovido por Democracy Forward y RFK Human Rights. Sin embargo, eso no ocurrió. Los venezolanos fueron repatriados a su país en julio pasado.
El acuerdo con EE.UU. le prohíbe a El Salvador usar los fondos para dar asesoría legal a solicitantes de asilo en Estados Unidos, para la planificación familiar, incluido el aborto, o para financiar programas de diversidad, igualdad e inclusión, o de la agencia de la ONU de ayuda a los refugiados de Gaza (UNRWA).
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