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Tras el desmantelamiento del sistema público, el sistema de salud presenta un terrible deterioro. Especialistas hablan del incremento de la mortalidad infantil en Argentina.
En el primer año del Gobierno ultraderechista de Javier Milei, año 2024, datos oficiales indicaron que la tasa de mortalidad infantil llegó a 8,5 muertes por cada 1.000 niños nacidos vivos. Ello se traduce en un aumento del orden del 6,25% en comparación con el registro de 2023, cuando el indicador era de 5.5 muertes por cada 1.000.
El recorte en programas dedicados al cuidado perinatal y el alejamiento del Estado nacional en la gestión de la salud pública son factores a tener en cuenta a la hora de indagar la multiplicidad de aristas, advierten expertos.
La mortalidad infantil puede considerarse uno de los indicadores de desarrollo de una sociedad que explica las condiciones de vida de una población junto al nivel de alfabetización y la esperanza de vida y, en ese marco, se evidencian las políticas públicas en salud.
El último informe realizado por la Fundación Soberanía Sanitaria, una organización sin fines de lucro compuesta por trabajadores de la salud de todo el país, desgrana el dato que el Gobierno primero puso en sus estadísticas oficiales para luego quitarlo y finalmente dejarlo en la página del Ministerio de Salud.
Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, señaló a elDiario.es que si bien deben evaluarse múltiples causas,
“En general, uno ve en el mundo que cuando hay una crisis socioeconómica eso tiene un impacto en la mortalidad infantil. Al analizar técnicamente la tasa, se separa la mortalidad infantil en dos elementos: neonatal, los primeros 28 días, y posnatal, del día 29 a los 12 meses.
En los países más avanzados las tasas están cercanas o por debajo al 2 y en Argentina es de 8,5.
Kreplak afirma que, por ejemplo, hubo un recorte de suministro de insumos y medicamentos como el surfactante pulmonar (vital para patologías respiratorias) y los tratamientos para patologías congénitas, como la toxoplasmosis. “Fue un período con más restricciones, el Estado nacional dejó de proveer muchísimos productos que afectan a la mortalidad en los primeros 28 días como el surfactante y las provincias tuvimos que salir a buscarlos y comprarlos y ya los estamos proveyendo. No se puede hablar de causalidad directa pero sí que haya impactado”, afirma el ministro de un bastión del peronismo.
La gran mayoría de las muertes se produjeron los primeros 28 días de vida, en el período neonatal, informa Fundación Soberanía Sanitaria.
El Ejecutivo de Milei cortó programas preventivos como el de Sueño Seguro, que anticipaba para los casos de bebés prematuros o con condiciones crónicas la entrega de moisés de piso [cuna portátil pequeña y ligera, tradicionalmente hecha de mimbre] a fin de evitar casos de muerte súbita.
Asimismo, el Gobierno debilitó el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas que había sido creado en 2008, reducido a una mínima expresión administrativa, con el argumento de que bajó la tasa de natalidad. Además desmanteló el Plan ENIA (Embarazo No Intencional en la Adolescencia) plan de reducción de embarazo adolescente que es modélico en América latina. Además, buscó desfinanciar el principal hospital pediátrico del país: el Garrahan.
“Hay sistemas que tenés que mantenerlos, aunque el volumen baje, como el Programa Nacional de Cardiopatías. Si pones una alarma en una casa es por si entra una persona o cien. La regionalización y derivación de casos a centros más especializados se tienen que adaptar, no achicar”, sostiene Fernando Zingman, pediatra e investigador de Fundar y excoordinador del Programa Nacional de Salud Integral en Adolescencia.
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