Tomado de Colatino.
La Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), miembro de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), advirtió sobre graves retrocesos en el país durante el 2025 que podrían agudizarse en el 2026.
En el 77.º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, conmemorado cada 10 de diciembre, el organismo destacó que el deterioro se profundiza por la ausencia de separación entre los poderes del Estado y la inacción de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), dirigida por Raquel Caballero, a quien señalan de responder a intereses personales.
Miguel Montenegro, actual director de la CDHES, afirmó que la organización ha documentado cómo el Estado continúa invisibilizando a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, al tiempo que estigmatiza e intimida a quienes defienden estos derechos.
«Al analizar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y contrastarla con la realidad del país en los últimos años, es evidente que los avances en materia de respeto a los derechos humanos han sufrido un grave deterioro, consecuencia de la eliminación progresiva de la institucionalidad nacional», advirtió el director de la CDHES, quien desde 1982 se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado.
Para la organización, la concentración de los poderes del Estado bajo la dirección del Ejecutivo se suma al papel de la PDDH, que «ha abandonado su misión» y se ha convertido en cómplice de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país.
El director de la CDHES también sostuvo que en El Salvador se ha producido un intercambio de seguridad por derechos humanos, lo que crea un escenario altamente sensible ante la represión estatal, dirigida especialmente contra quienes defienden los derechos ciudadanos, en particular cuando realizan acciones de denuncia o protesta frente a proyectos o iniciativas estatales que afectan a distintos grupos de la población.
La CDHES ha identificado graves acciones del gobierno contra defensores de derechos humanos y medios de comunicación. Según Montenegro, son comunes la intimidación, el acoso y las amenazas; el hostigamiento; el ciberacoso o ciberbullying; la estigmatización y el descrédito; la criminalización; los ataques digitales; la investigación, vigilancia y seguimiento en viviendas de quienes son considerados opositores; el uso de tecnología para intervenir teléfonos; las detenciones arbitrarias y el procesamiento judicial, entre otras prácticas.
“Todas estas acciones están avaladas por la vigencia y aplicación del régimen de excepción, donde la suspensión de derechos se ha convertido en el nuevo modelo de gestión de la seguridad”, detalló.
El papel de los defensores de derechos humanos
La CDHES señaló que los organismos internacionales coinciden en reconocer la relevancia del trabajo de los defensores de derechos humanos para garantizar la vigencia de los derechos ciudadanos.
«Su labor es esencial para el funcionamiento de una democracia saludable que fortalezca el Estado de derecho y facilite la participación ciudadana en el control de abusos de funcionarios e instituciones públicas», afirmó la entidad.
Miguel Montenegro advirtió que, en El Salvador, este ideal se ha vuelto cada vez más lejano, ya que la represión contra defensores y sus familias es constante. Según explicó, el temor ha llevado a la ciudadanía a adoptar una postura apática y distante, limitando su participación en tareas de monitoreo, denuncia y exigencia frente a violaciones de derechos en distintos ámbitos de la vida social.
«La labor de defensa se vuelve cada vez más arriesgada. Ya existen casos de personas que han sido silenciadas mediante persecución y represión tanto personal como familiar. Incluso, hay instituciones que han optado por el exilio ante la constante presión del régimen, que no ha escatimado esfuerzos en atacarlas desde diversos frentes», afirmó Montenegro.
La CDHES también incluyó entre los mecanismos de represión la reciente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, que, según observadores internacionales y nacionales, busca frenar o limitar el trabajo de las ONG’s.
«La normativa obliga a las organizaciones a registrarse, restringe el alcance de sus funciones y retiene un alto porcentaje de las donaciones provenientes del exterior, pese a que ya existía regulación al respecto», informó.
Para la CDHES, esta medida refleja una actitud revanchista, pues la propuesta fue presentada a la Asamblea Legislativa poco después de que organizaciones comunitarias de El Bosque realizaran una concentración pacífica la noche del 12 de mayo en las cercanías de la residencial Los Sueños, donde vive el presidente Nayib Bukele, para pedir apoyo ante el posible desalojo de cerca de 300 familias. Como resultado la Policía Militar reprimió la manifestación y capturó a un líder comunitario y a un abogado defensor de derechos humanos, además de imponer la Ley de Agentes Extranjeros.
La CDHES sostiene que la persecución se ha generalizado contra todos aquellos que no comparten las posturas ni los métodos políticos o administrativos del Gobierno.
Entre los sectores afectados, la organización documentó sindicatos y sus líderes, movimientos sociales, académicos, universidades, medios de comunicación y partidos políticos de oposición.
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